La protesta cortó las calles lindantes del Concejo y un grupo de aproximadamente 50 choferes llegaron hasta el patio del edificio legislativo mientras los ediles realizaban la sesión ordinaria para presentar un proyecto que prohíbe la actividad y un pedido de aplicación de multas.
El principal objetivo fue insistir en el tratamiento del proyecto que presentó el sector para llevar las multas hasta un millón de pesos a quienes realicen el servicio de transporte no regulado, además de prohibir el uso de la aplicación.
«La plaza de Uber para San Luis superó las 10 mil solicitudes. Está funcionando ilegalmente sin ningún tipo de regularidad en toda la provincia», sostuvo Gustavo Coniglio de la Asociación de Taxistas Unidos en declaraciones a la prensa.
Finalmente, afirmó que hay «un vacío legal a nivel municipal y provincial» por lo que se aplica la normativa nacional y que la empresa está a «disposición, si en algún momento la Municipalidad o el Concejo Deliberante tienen un interés en avanzar sobre una regulación» como se ha hecho en todas «las ciudades donde está disponible la aplicación».
