En jubilaciones y pensiones, la ley Bases deroga la moratoria previsional y crea una nueva Prestación proporcional a los años de aportes efectivos cuyo alcance será definido por el Ejecutivo. En tanto, Diputados votó otros cambios previsionales, como ajustes en los haberes y pago de las sentencias firmes, que el presidente Javier Milei adelantó que vetará.
La ley de moratoria (N° 27.705) permite a las mujeres jubilarse a partir de los 60 años y a los varones desde los 65 años sin tener los 30 años de aportes, completando los años de aportes faltantes por medio de una deuda a deducir del haber mensual hasta en 120 cuotas.
La derogación de esa moratoria en la práctica, y dada la alta informalidad femenina que no llegan a completar los 30 años de aportes, implica una suba de la edad jubilatoria de las mujeres de 60 a 65 años. Es porque a los 65 años podrían acceder a la Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM) sin tener los 30 años de aportes con el 80% del haber mínimo. El valor de la PUAM en junio es de $ 165.545 más los $ 70.000 del bono.
Se establece una nueva prestación – de Retiro Proporcional según los años aportados- accediendo a los 65 años tanto varones como mujeres.
El Poder Ejecutivo reglamentará en un plazo no mayor a 30 días la Prestación de Retiro Proporcional y establecerá los parámetros objetivos para el acceso a porcentajes que reconozcan los aportes efectivamente realizados al Sistema Integrado Previsional Argentino y las condiciones por las que se regirá la prestación.
Para cobrar la PUAM se requiere no percibir “jubilación, pensión o retiro, de carácter contributivo o no contributivo”. Si la reglamentación fija el mismo criterio, no se podría acceder a la prestación proporcional si ya se cobra otra prestación. En el Régimen General, la persona jubilada puede trabajar en forma registrada, percibiendo ambos beneficios ( como jubilación y sueldo)
Se crea así un régimen permanente delegando en el Poder Ejecutivo fijar los parámetros y las condiciones de la nueva Prestación.
En tanto, los cambios previsionales aprobados por Diputados, que el presidente Milei adelantó que vetará, reconoce un aumento retroactivo del 7,2%, un ajuste en marzo de cada año, la cancelación de las deudas con las Cajas provinciales y el pago de las sentencias firmes favorables a los jubilados en un plazo de 6 meses
Compensación: los haberes jubilatorios recibirán un incremento del 8,1 puntos que debió aplicarse en el mes de abril. Es porque el Gobierno reconoció un incremento del 12,5% cuando la inflación de enero que se aplicó en abril fue del 20,6%. De aquí se desprende que el aumento debería ser del 7,2% (para pasar del 12,5% al 20,6% y debería aplicarse sobre los haberes de marzo. En consecuencia, el aumento de abril, que fue del 27,39% (12,5% + 13,2%) subiría al 36,52% (20,6%+13,2%). Y sobre esos haberes incrementados deberían agregarse los aumentos posteriores (11,01%, mayo y 8,83% junio). O sea, equivale a un aumento retroactivo acumulativo por la diferencia entre lo pagado por ANSES y los valores que surgen de reconocer esos 8,1 puntos porcentuales. No hay una compensación por la enorme pérdida de los haberes de los últimos 6 años que fue del 25% para los que cobraron bonos y de más del 50% para los que no percibieron bonos. Ese ajuste no se aplica a las jubilaciones especiales, como la de docentes nacional o docentes universitarios que tienen regímenes diferenciales y no reciben los aumentos generales sino los propios de cada sistema.Garantía haber mínimo: quienes perciben un solo beneficio (jubilación o pensión), tendrán la garantía de un haber mínimo equivalente al costo de la canasta básica total del adulto (CBT) incrementado en un 9%. Ese CBT de abril fue de $ 268.012, incrementado en un 9% (daría $ 292.133) más los datos del INDEC de los meses siguientes incrementados en un 9%., superior a los $ 276.931 del haber mínimo de $ 206.931 más el bono de $ 70.000 que rige en junio. Aunque el texto no lo dice, en Diputados le dijeron a Clarín que esa garantía de haber mínimo absorbería el bono de $ 70.000.Aumento adicional: En el mes de marzo de cada año se aplicará el siguiente aumento: un incremento por el 50% de la diferencia entre la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) y la variación del índice de precios al consumidor (IPC) del año calendario anterior. Esto significa que, si la inflación fuese del 80% y el RIPTE del 90%, deberían ajustar las jubilaciones y pensiones en 5 puntos. Si pasa lo contrario, no hay modificación de los haberes.Deudas con las Cajas provinciales y sentencias firmes: otro artículo clave de lo votado por la Cámara de Diputados establece que ANSeS deberá cancelar las deudas con las provincias que no transfirieron sus Cajas jubilatorias y, además, cancelar las sentencias firmes en favor de los jubilados en un plazo de 6 meses, que podrá ser prorrogado por otros 6 meses.Se estima que los jubilados y pensionados con sentencia firme suman poco más de 80.000 en juicios que se arrastran años y años por las apelaciones de la ANSeS y demoras de la Justicia, inclusive de la Corte Suprema. Además, hay otros 200.000 juicios en distintas instancias judiciales que pueden quedar firmes.
El número de juicios y sentencias firmes va variando mes porque mes a mes ingresan nuevos juicios, otros van quedando firmes y otros son cancelados por ANSeS.
La ley previsional dice que las sentencias firmes deben ser pagadas dentro de los 120 días. Pero eso no sucede porque solamente se cancelan y con demoras hasta completar el monto total de la partida del Presupuesto, muy inferior al total de las sentencias firmes.
Además, en muchísimos casos los abogados dicen que el cálculo y la liquidación de las sentencias firmes no responden a lo resuelto por la Justicia y deben hacer un nuevo juicio “por mala liquidación” de esas sentencias.
Las 13 provincias que no transfirieron sus Cajas previsionales son Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes. En lo que va de este año, el Gobierno no transfirió partidas a las Cajas no transferidas.
En una versión anterior del proyecto de ley se proponía financiar a esas Cajas Provinciales y las sentencias firmes con el producido de la venta de activos del FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad). Finalmente, ese artículo se modificó y se incorporó una cláusula que indica que deberán cancelarse ambas partidas con los recursos de impuestos que van a la Seguridad Social.
SN
