El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, comenzó a modificar el relato oficial tras el escándalo por los audios atribuidos al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo. En un giro estratégico, buscó descargar toda responsabilidad sobre el exfuncionario, redefiniendo a este caso como una operación política contra el Gobierno.
“El Presidente no debió haber confiado en Spagnuolo”
En declaraciones a Radio Mitre, Francos afirmó que si Milei confió en él fue un error: “No sé si era cercano, pero lo conoce al Presidente… Si el Presidente confiaba en él, bueno, no debió haber confiado”.
Acto seguido, calificó a Spagnuolo como “claramente” no confiable, mientras defendía al Presidente como una “persona absolutamente honesta y transparente”.
“Una operación política” y remoción acelerada
Francos denunció ante el Congreso que los audios fueron difundidos como parte de una estrategia electoral: “Se orquestó una operación política… ahora nos hacen denuncias por todo”.
Destacó que los audios aparecieron justo cuando se trataba la Ley de Emergencia en Discapacidad, queriendo sembrar dudas sobre su origen y fines.
En ese marco, el Gobierno quemó el fusible y destituyó inmediatamente a Spagnuolo, sin mencionar imputación alguna sobre los corruptos mencionados en los audios.
Una estrategia de desprendimiento político
Con estas declaraciones, el oficialismo da claras señales de un cambio de táctica: desvincular personal y políticamente al Presidente del escándalo, colocando toda la responsabilidad sobre Spagnuolo.
Este movimiento no resuelve la posición de Karina Milei y “Lule” Menem, quien el gobierno busca separar de las imputaciones, blindando sus figuras y reforzando una narrativa de operación política en curso.
Francos despega cualquier vínculo del Ejecutivo con el escándalo: Spagnuolo sale como responsable único, el Gobierno se presenta como víctima y vuelve a poner foco en el rumbo económico. Es un claro intento de defensa política, en momentos de fragilidad, para consolidar el blindaje contra las acusaciones de corrupción.
Investigar hasta el final
El gobierno busca sortear la tormenta desligandose del principal implicado y haciendo de cuenta que no existe la cadena de corrupción que se expresó en este hecho y en otros de la gestión libertaria.
Al contrario del ocultamiento que busca Francos, se necesita una Comisión Investigadora independiente del gobierno que pueda ir hasta el final y esclarecer quienes están involucrados en este escándalo. Además, todos los involucrados deberían pagar ante la ley e ir presos y de forma precautoria los mencionados en la estafa deberían ser separados de sus cargos, empezando por la recaudadora, Karina Milei.