«Hay que hacer venir una chica con síndrome de Down hasta acá, por qué es clara y notoria su situación, ¿no? ¿De dónde vienen?, la pregunta se la hace un periodista de C5N a la familia de Tamara que tuvo que trasladarse desde Jose C. Paz hasta la oficina de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en el centro porteño, para reclamar que no le quiten su pensión.
Sin pensión y sin explicación: largas filas en la ANDIS por la suspensión de pensiones
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— C5N (@C5N) August 22, 2025
Tamara asiste a un centro de día y utiliza un transporte para ir hasta allá. Si le cortan la pensión, no tendrá obra social, por lo tanto no tendrá más la posibilidad de asistir al centro, porque sus prestaciones ya no estarán más garantizadas.
El caso de Tamara no es el único. La semana pasada, durante la sesión en Diputados en la que se votó por una amplia mayoría el rechazo al veto presidencial a la Emergencia en Discapacidad, Alejandro Vilca, diputado de la izquierda, contó el caso de Ana Lopez, en la provincia de Jujuy, una de las tantas personas con discapacidad que recibió un telegrama en la que se la intimaba a presentarse con “documentación respaldatoria” en una determinada fecha y en una determinada dirección. Sino, su pensión sería cortada.
“Quiero contar el caso de Ana López, una persona con discapacidad que vive en Jujuy y fue citada a una dirección ubicada en una ruta provincial en el medio de la Puna que no existe. Con las pocas monedas que tenía, se tomó un remis hasta allí porque era lejos de su casa y no había nada”. Hoy Ana, no tiene su pensión porque, según la versión oficial faltó a la cita.
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En Metán, Salta, Abel Ricardo “Chicho” Valencia, que perdió sus dos piernas por la diabetes también fue víctima del corte de su pensión. “Este mes no cobré los $274.083 que me correspondían. Estoy en una situación económica muy mala», le manifestó a Impacto Salta. Ese medio también relató el caso de «Kevin Teodoroff, un joven de 20 años con escoliosis severa, también perdió su pensión de $260.000. Kevin lleva una prótesis desde la nuca hasta la cadera y casi no puede caminar. Su madre, Isabel, contó que la baja fue notificada sin previo aviso».
Al poco tiempo de asumir, el Gobierno anunció que iniciaría un proceso de auditoría sobre las pensiones por invalidez (que implican un 70% de una jubilación mínima). Desde ese momento, la campaña oficial se basó en estigmatizar a las personas con discapacidad, poner sobre ellas un manto de sospecha y decir que dicha auditoría era necesaria, debido a una gran cantidad de irregularidades que habían encontrado, para lo que utilizó una mentira, hasta utilizó la radiografía de un perro para hacerlo.
El Gobierno nunca mostró ni hizo públicos los resultados de esa auditoría, lo que sí hizo es recortar, hasta el momento, unas 110.522 pensiones. Así lo confirmó Manuel Adorni, el vocero presidencial, el pasado 8 de agosto. “La Agencia Nacional por Discapacidad ya suspendió 110.522 pensiones que habían sido mal otorgadas en gestiones anteriores”, dijo en esa oportunidad. En un comunicado de prensa, publicado unos días antes, el oficialismo indicó que “las principales razones detrás de las suspensiones incluyen el no cumplimiento de los requisitos mínimos, así como la inasistencia reiterada a las auditorías convocadas sin justificativos”.
Sin embargo, como ya vimos, los testimonios de las personas con discapacidad que por estos días hacen cola en la ANDIS para evitar perder (o reclamar si ya la perdieron) un derecho que ya fue ganado, desmienten esta versión.
En julio de este año, un amplio abanico de organizaciones especialistas en la temática de discapacidad y derechos humanos, elaboró un documento en el que plasman todas las irregularidades cometidas por el Gobierno sobre el tema de las auditorías. “Las citaciones que se enviaron hasta el momento no fueron accesibles y carecieron de información relevante para cumplir con lo solicitado, y el proceso en sí no contempló la implementación de medidas de accesibilidad ni la provisión de apoyos para que las personas pudieran asistir y ejercer su derecho de defensa. En relación con la citación, la única vía utilizada por ANDIS para convocar a las personas con discapacidad consiste en el envío de cartas documento, en formato impreso y con lenguaje técnico, que para muchas de ellas es inaccesible. Asimismo, el hecho de entregar la notificación exclusivamente mediante este medio puede resultar problemático para aquellas personas que tengan dificultades para recibir correspondencia o concurrir a instalaciones de correo, que hayan cambiado su domicilio o que estén institucionalizadas. Incluso se registró el envío de cartas documentos a hospitales psiquiátricos públicos u otros hogares o centros terapéuticos, en donde las personas ya no residían. Además, en muchas zonas del país, como áreas rurales o barrios populares, con escasa identificación de calles y numeraciones, los servicios de correo pueden no tener llegada o no funcionar correctamente”.
🚨 Organizaciones de la sociedad civil argentina presentamos ante el Comité de la ONU un informe urgente sobre la crisis en los derechos de las personas con discapacidad. @ACIJargentina) @Faicafederacion @mesadiscyddhh @granjaandar @APDHArgentina @CELS_Argentina
— REDI (@redi_derechos) August 13, 2025
A esto hay que sumar otras cuestiones, que en las cartas no se especifica que tipo de documentación es necesario presentar y el poco tiempo que se les da a las personas que reciben los telegramas para su presentación, lo que dificulta poder recaudar órdenes medidas y hasta traslados.
Según pudo establecer la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), en base a una respuesta a un pedido de acceso a la información pública, un 46 % de las cartas documentos que salieron de la ANDIS no pudieron ser entregadas.
Ahora vemos, que mientras el gobierno utilizaba estos engaños y mentiras para justificar un ajuste sin precedentes sobre las personas con discapacidad, tenía orquestado un mecanismos de coimas que le garantizaban el enriquecimiento a sus propios funcionarios y a empresarios del sector, como los dueños de la Droguería Suizo Argentino.
Festejos en la calle el pasado miércoles 20 de agosto, cuando Diputados rechazó el veto de Milei a la Emergencia en Discapcidad.
La persistencia en la lucha en la lucha del colectivo en discapacidad es lo que logró que la Ley de Emergencia en Discapacidad llegue a este punto. Un colectivo que también no dudo en salir a la calle cuando Sergio Massa, al inicio de su mandato como ministro de Economía del Gobierno del Frente de Todos, también aplicó un duro ajuste.
Al momento la publicación de esta nota, hay nuevos audios que incriminan a más funcionarios. Además de Spagnuolo, Karina Mile, secretaria general de la presidencia, y Eduardo “Lule” Menem, su subsecretario, en las últimas horas se conocieron más audios en los que aparecen mencionados Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano que se quedó con la comida de miles de comedores y familias, Federico Sturzenegger, el ministro de la motosierra, y Luis Pettri, el de Defensa.
No hay que descartar que con el correr de las horas, ya ni siquiera de los días, sigan difundiéndose más cosas. Ante semejante escándalo, el Gobierno solo ha respondido de manera muy tardía y a través de una entrevista de Martin Menen, presidente de la Cámara de Diputados, en la cuál no rebate ninguna de las acusaciones.
También permanece en silencioso, algo a lo que ya nos tiene acostrumbrado, la dirigencia sindical, que ha sido una gran resposanble de que el ajuste de Milei, al servicio de los empresarios y el FMI, haya llegado a esta instancia.
Ante sejemante panorama, es necesario redoblar la lucha y hacer crecer la resitencia capaz de derrotar el ajuste de esta casta política que le saca el pan de la boca y los remedios a los jubilados y pone en riesto la vida de todas las personas con discapacidad, atentado contra su salud. Es hora de derrotarlos.
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