«Desde el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad convocamos a toda la sociedad a acompañar esta lucha colectiva», informó la organización. La Cámara de Diputados de la Nación tratará este miércoles 20 de agosto el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, por lo que este martes, y a pesar de las lluvias, se realizó una vigilia en el Congreso y en Casa Rosada, de cara a lo que será una nueva movilización.
El fin de semana el presidente Javier Milei vetó las leyes 27.791, 27.792 y 27.793 , sancionadas por el Congreso el 10 de julio, que establecían aumentos en las jubilaciones y una suba en los bonos otorgados, la reincorporación de la moratoria previsional por dos años y la declaración de emergencia en discapacidad.
Mediante el Decreto 534/2025, el Ejecutivo argumentó que las iniciativas carecian de fuentes de financiamiento suficientes y graves irregularidades en su tratamiento legislativo. El veto fue firmado por el mandatario y refrendado por los ministros Guillermo Francos, Federico Sturzenegger, Sandra Pettovello, Mario Lugones, Patricia Bullrich, Mariano Cúneo Libarona, Luis Caputo, Luis Petri y Gerardo Werthein.
El proyecto 27.793 declaraba la emergencia nacional en discapacidad hasta 2026, creaba una nueva pensión no contributiva compatible con el trabajo formal y establecía actualizaciones automáticas de aranceles y compensaciones para prestadores. Por su parte, el Gobierno Nacional estimó que esto implicaría un gasto de más de 2 billones de pesos en 2025 y 4,7 billones en 2026.
«Aun si se dieran las circunstancias, que no creo, que el veto se caiga, lo vamos a judicializar. Aun si se diera el peor de los casos que de repente la Justicia tuviera un acto de celeridad, y lo decidiera tratar en poco tiempo, aun así, el daño que podrían causar podría ser mínimo. Sería una mancha en dos meses, la cual el 11 de diciembre se la vamos a revertir en caso de que tuviera éxito. La política del superávit fiscal es permanente”, advirtió Milei.
El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, tomó la decisión este lunes a partir de una acción de amparo presentada por los padres de dos niños de 11 años que vieron amenazado el acceso a sus tratamientos y educación.“El cierre de instituciones especializadas no es una amenaza futura, sino una tragedia presente”, respondieron a su turno los padres demandantes ante el Juzgado Federal de Campana. Y resaltaron que el deterioro de estos centros genera consecuencias irreversibles en el desarrollo integral de niños con discapacidad.
La impugnación de la ley sancionada por el Congreso Nacional “viola obligaciones internacionales de derechos humanos al mantener el desfinanciamiento del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad”, a la vez que perpetúa los recortes. “Desde diciembre de 2023, ha recibido aumentos periódicos por debajo de todos los índices económicos de referencia, lo que provocó una marcada pérdida del poder adquisitivo de las prestaciones y puso en grave riesgo la continuidad de los tratamientos esenciales para personas con discapacidad”, sostiene el magistrado bonaerense.