Pese a los reiterados anuncios, el Gobierno postergó por tres meses la implementación del sistema acusatorio en Comodoro Py, el fuero donde se investiga la corrupción, el lavado de dinero y el narcotráfico. El ministerio de Justicia de la Nación reconoció las falencias edilicias y tecnológicas que el Ministerio Público Fiscal expuso en sendas notas como así también, el escaso tiempo de preparación para un fuero donde tramitan casos por demás complejos.
La entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal es uno de los mayores desafíos que en materia jurídica nuestro país afronta. Un terreno de aguas divididas respecto al calendario que la política impulsa y la marcada crisis que atraviesa el Poder Judicial como la Procuración General de la Nación en materia de cargos vacantes. Las cifras no tienen precedentes: el 30,5% de los puestos de jueces nacionales y federales, se encuentran vacíos. El número es aún más grave para el Ministerio Público Fiscal: el 42% de los despachos se encuentran sin fiscales en carácter de titular.
Con el nuevo sistema procesal penal, los fiscales comenzarán a cumplir un rol de absoluta relevancia. Bajo el actual sistema que tendrá su punto final el 11 de agosto, es decisión del juez delegar la investigación en el Ministerio Público Fiscal. Eso ya no ocurrirá.
La implementación del Acusatorio pone en cabeza de los fiscales el proceso de investigación, acusación para llegar a la instancia del juicio oral. En consecuencia, los protagonistas serán los fiscales ya que serán los responsables de “colectar las pruebas para formular las acusaciones pertinentes y llevar a los imputados a la instancia del juicio oral y público para concluir allí, el proceso penal”, indicaron fuentes de la Procuración General.
La dinámica cambiará. Actualmente, es la Oficina judicial la responsable de manejar y distribuir todos los casos que ingresan a Comodoro Py. El nuevo modelo elimina ese proceso: todo ingresará a través del Ministerio Público Fiscal, lo que demandará una mayor coordinación con los fiscales. En esta instancia, sólo se sortearán los jueces de revisión que lo hacen los jueces de garantías cuando elevan las apelaciones, lo que implica que los jueces dejan de dictar “procesamientos”, sino que serán garantes del proceso que lleva la fiscalía adelante.
Ante este escenario, el Ministerio de Justicia que sostenía que las condiciones estaban dadas para avanzar con la implementación del sistema acusatorio en Comodoro Py, este viernes emitió un comunicado anunciando la postergación durante tres meses, del cambio del sistema procesal penal en los Tribunales de Retiro.
“Este Gobierno considera que la transformación cultural iniciada es irreversible, que el sistema judicial penal federal cuenta con recursos suficientes para poner en marcha esta reforma, y que la Justicia debe adaptarse a un país austero, sin privilegios ni excusas corporativas”, sostuvo la cartera que dirige Mariano Cúneo Libarona.
Desde el inicio de la implementación, y de forma permanente, “este Ministerio ha brindado asistencia técnica, financiera e institucional como consecuencia de años de desidia y desinversión por parte de la casta política y judicial, que postergó injustificadamente la implementación de un sistema que acorta la duración de los procesos y permite la ejecución de una política criminal estratégica y racional”.
Ante las públicas declaraciones, fuentes judiciales señalaron a Clarín que la decisión del Gobierno no se funda realmente “en la falta de capacitación del Ministerio Público Fiscal, sino en la falta de diagnóstico que el Ministerio de Justicia respecto a los recursos y a la factibilidad de la implementación en la fecha que habían estipulado”.
Un factor que se destacó en Comodoro Py y la falta de cobertura de los cargos vacantes. El gobierno de Javier Milei no designó desde que asumió, ni a un solo juez ni fiscales. De esta manera, en el Poder Judicial el 32,93% de los sillones están vacíos y en el Ministerio Público, la cifra es aún mayor: supera el 41%.
La decisión de postergar la implementación del sistema acusatorio fue acompañada con las siguientes explicaciones que tuvieron su réplica dentro de la justicia federal: “Las deficiencias edilicias y tecnológicas no justifican ni habilitan que se incumpla una ley vigente desde hace más de una década”, indica el comunicado oficial.
El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal en la última nota enviada al Ministerio de Justicia, sostuvo: “Me encuentro frente al deber institucional de reiterar que el cuadro de situación actual del proceso de instauración resulta preocupante y amerita un trabajo coordinado de todos los actores enderezado a superarlo”.
Entre otros aspectos, el Ministerio Público expuso que la reducción presupuestaria sufrida por parte del Ministerio de Hacienda, es otro factor que no puede omitirse. “En consecuencia, se observan con claridad los riesgos -en general- de abordar la aplicación de una modificación procesal e institucional de esta índole sin que uno de sus actores centrales cuente con los medios que requiere para llevar adelante una función tan esencial como lo es la investigación criminal”, había dicho Casal.
Las reiteradas notas del Procurador como de los fiscales de instrucción, de las Cámaras e incluso de los fiscales generales ante los Tribunales Orales, no obtuvieron respuesta. Sin embargo, el Ministerio de Justicia las menciona al momento de explicar el motivo de la postergación: “Como consecuencia de reiterados reclamos del Ministerio Público Fiscal, vinculados a la falta de preparación suficiente para investigar casos complejos en esta jurisdicción, esta cartera resuelve diferir la entrada en vigencia por un plazo excepcional e improrrogable de tres meses”.
Sobre este punto fuentes del Ministerio Público Fiscal replicaron el concepto vertido por el Gobierno: “No es falta de capacitación de hecho es el Ministerio Público fue el que llevó adelante la causa Vialidad que derivó en la condena de la ex Presidenta, como también la causa de la Ruta del Dinero K y el juicio que iniciará en noviembre conocida como los Cuadernos de Coimas, entre otros casos por demás complejos”.