Con una votación dividida, el Concejo Deliberante aprobó el proyecto de “ordenamiento” de trapitos, cuidacoches y limpiavidrios en Río Cuarto. La ordenanza impulsada por Guillermo De Rivas no prohíbe ni regula esta actividad ilegal y extorsiva.
La iniciativa sólo redefine con eufemismos y promesas vagas de abordaje social el problema en cuestión. La concejala Antonella Nalli lo expresó sin rodeos: “No es ni chicha ni limonada. No prohíbe ni regula”, votando en contra del proyecto oficialista.
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Votos dispersos, argumento débil y concesiones sin autoridad
El proyecto sólo impone sanciones si la actividad se ejerce de forma “intimidatoria”, sin erradicar el cobro compulsivo en la vía pública. Ignacio Biga, del oficialismo, dijo que se fortalecerá “el poder de policía municipal” pero pidió tiempo y recursos que hoy no existen. Se contempla quitar beneficios sociales como castigo, pero también se abre la puerta al trabajo comunitario en lugar de sanciones firmes.
La oposición exigió incorporar cláusulas “sociales”, lo que diluyó aún más el objetivo inicial: garantizar circulación libre y sin extorsiones. El radical Gabriel Abrile votó a favor, pero advirtió: “No creo que algo cambie con este proyecto, ojalá me equivoque”, mostrando su escepticismo. Mientras tanto, el municipio sigue sin asignar partidas suficientes para abordar problemáticas como la drogadicción o la marginalidad urbana.
El propio oficialismo reconoce que “va a llevar tiempo” y que el proceso será “gradual”, sin ofrecer garantías de cumplimiento efectivo. Los mismos concejales admiten que no habrá más personal municipal, es decir, se reconoce la falta de estructura para implementar la ordenanza. La iniciativa incluye referencias ambiguas a una “reconversión” de la actividad, sin ofrecer una alternativa real ni fondos específicos para ello.
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Las críticas más duras: vacío legal, populismo disfrazado y falsas soluciones
Nalli fue categórica: “Le venden a la ciudadanía una prohibición que en los hechos no va a ser”, cuestionando las multas a los más vulnerables. “La gestión no está trabajando sobre políticas públicas reales”, dijo al recordar que ni siquiera se activó el Centro de Adicciones prometido. “El proyecto es vacío y difiere de los problemas reales de Río Cuarto”, concluyó la concejala, marcando la desconexión entre discurso y hechos.
Marisa Cariddi denunció la “estigmatización” del texto y se preguntó: “¿En este contexto planteamos esta ordenanza?”, en alusión a la pobreza. Según Cariddi, el proyecto “busca sacar a los pobres de la mirada de los demás” sin abordar de fondo el desempleo o el trabajo informal. Franco Miranda se abstuvo, alertando sobre una “caza de brujas” y denunciando el escaso presupuesto destinado al tratamiento de adicciones.
Miranda sostuvo que sólo el 0,1% del presupuesto se destina a este tema, de los cuales $137 millones son para sueldos, no para acción real. La policía ha intervenido en conflictos recientes con trapitos, demostrando que se puede actuar sin necesidad de nuevas normas ineficaces. De Rivas prefirió un proyecto cosmético que evita el conflicto directo con sectores que realizan actividades ilegales y que dominan el espacio público a la vista de todos.