Los detenidos quedaron a disposición del juez Federico Villena, a cargo del Juzgado Federal 1 de Lomas de Zamora, quien investigaba desde hace cinco años una causa por lavado desplegado en el país por el cártel mexicano de Sinaloa, entre otras organizaciones.
Una de las maniobras ilegales que se les imputa a los detenidos es lavar el dinero que fue ingresado al país para financiar la operación de narcotráfico conocida como
«Bovinas Blancas», descubierta en junio de 2017 en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, a raíz de la cual se secuestraron casi dos toneladas de cocaína que el cártel mexicano tenía previsto enviar a Europa en el interior de bobinas de acero.
Los voceros consultados aclararon a Télam que esta causa penal, en la que Rojnica fue apresado junto al empresario Federico Pulenta y al financista Agustín Estrada Palomeque, es independiente de la que se lleva adelante en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi, y en la que el ciudadano croata está imputado por supuestas maniobras ilegales mediante la financiera Nimbus Group, situada en San Martín 140.
«El Croata» fue apresado este martes por la mañana en su domicilio del barrio cerrado «El Golf», de Nordelta, uno de los 20 sitios allanados por personal del Departamento de Crimen Organizado de la Policía de la Ciudad y del Departamento Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina (PFA), con la asistencia de personal de la Aduana.
En tanto, el empresario Pulenta fue detenido en el barrio cerrado «El Encuentro», de la localidad bonaerense de Benavídez, mientras que Estrada Palomeque fue apresado en su domicilio de Montevideo al 1800, en el barrio de Retiro.
En tanto, en una caja de seguridad privada en la zona de Pilar, perteneciente al croata Rojnica, los investigadores secuestraron 980 mil dólares.
Fuentes judiciales aseguraron que el juez Villena contaba con más de 1700 discos rígidos con escuchas telefónicas, filmaciones y entrecruzamientos de información financiera, tanto nacional como internacional, con la que logró establecer el funcionamiento de la organizaciòn delictiva.
Un vocero con acceso a la investigación explicó a Télam que los tres detenidos aparecen en la causa conformando diversas sociedades dedicadas al movimiento de dinero que son investigadas desde hace más de cinco.
Se estableció entonces que para la logística de esa operación se ingresaron al país 500 mil dólares a través del operador de Bitcoins, Emanuel García -condenado en 2021 a 5 años de prisión-, quien los cambió por efectivo en una «cueva» relacionada con los ahora detenidos.
«Estas personas van constituyendo organizaciones que se dedican a sacar dinero al exterior. Al operar para una banda de dedicada al narcotráfico, esas operaciones pasan a violar la ley federal», dijo uno de los pesquisas a esta agencia.
Y agregó: «Se trata de grupos financieros que ingresan y egresan dinero de manera ilegal a la Argentina. Así como fugan dólares, ingresan dólares y también operan para bandas narcocriminales que quieren sacar dinero al exterior o financiar operaciones en el país».
Por tal motivo, el ciudadano croata, que no estaba detenido en la otra causa por entender el juez que no existían riesgos procesales, ahora sí quedó preso a disposición de la Justicia Federal de Lomas de Zamora. La operación «Bobinas blancas», que desbarató la maniobra narcorciminal del cártel de Sinaloa en Argentina, se realizó el 18 de abril de 2017
, luego de que la DEA aportó los nombres de la empresa exportadora, de la importadora y la dirección del depósito de Bahía Blanca donde se preparaba la droga, que fue allanado por orden del juez federal de Campana Adrián González Charvay, lo que derivó en siete detenciones y el secuestro de 1.376 kilos de cocaína en Bahía Blanca y otros 486 kilos en Luján de Perdriel, provincia de Mendoza.
Durante esa investigación, se logró determinar las responsabilidades de siete personas encargadas de llevar adelante la operación en Argentina, entre ellas tres de nacionalidad mexicana, quienes condenadas en septiembre de 2021 a penas de entre 5 y 15 años de prisión.