El fiscal Carlos Stornelli denunció este jueves al gobernador de La Rioja, Ricardo Clemente Quintela, por declaraciones que podrían ser calificadas como instigación a la comisión de delitos, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y amenaza de sedición, todas figuras previstas en el Código Penal argentino. Stornelli, al tomar conocimientos, decidió instar la acción pública y presentó una denuncia formal tras conocerse el contenido de la entrevista, que también fue ampliamente difundido en redes sociales. Stornelli solicitó medidas urgentes para preservar los registros audiovisuales del programa, citando específicamente las réplicas del contenido en plataformas como X.
El mandatario riojano reveló haber instado a sus pares y a la cúpula de la CGT a tomar “fuertes decisiones” frente al actual contexto nacional y que el gobierno de Milei «no llega al 10 de diciembre de 2027»..
Sus declaraciones durante la entrevista del lunes pasado en Radio 10 , no pasaron inadvertidas. “En el año 2001 tomamos decisiones y avanzamos en la reconstrucción de un país que estaba destruido. Si tuvimos 36 compañeros muertos, es cierto, 39 compañeros muertos, ciudadanos argentinos muertos, es cierto, pero hay sacrificios que valen la pena porque, de lo contrario, vamos a tener un genocidio social enorme”, afirmó.
Seguidamente, el gobernador lanzó una advertencia: “Este gobierno no puede llegar hasta el 10 de diciembre del 2027, si llegamos así llegamos con un país totalmente destruido, entregado, guarda, guarda…”.
Según las presentaciones, sus dichos podrían ser calificados como instigación a la comisión de delitos, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y amenaza de sedición, todas figuras previstas en el Código Penal argentino.
A esta acción se sumó la denuncia de Javier Ruiz, referente de La Libertad Avanza (LLA) en La Rioja. Ruiz sostiene que las palabras del Gobernador constituyen una instigación pública a la alteración del orden constitucional. Además, el dirigente libertario solicitó que Quintela sea citado a declarar para precisar quiénes dieron las órdenes en 2001 y cuál fue su rol en la organización de aquellos hechos, sugiriendo que, bajo la propia óptica del gobernador, podría tratarse de crímenes imprescriptibles de lesa humanidad.
Ante la escalada del conflicto, Quintela intentó bajar el tono a sus palabras este jueves en diálogo con el periodista Andy Ferreyra. En el programa “Punto y aparte” de Punto a Punto Radio, aseguró que sus dichos fueron simplemente una “declaración política, una visualización de lo que puede suceder en el futuro”.
Para justificar su postura, el mandatario provincial enumeró una serie de medidas del Gobierno Nacional que, a su juicio, configuran un escenario crítico como la paralización de la obra pública, la quita de incentivos y fondos salariales docentes, la devaluación y el aumento de servicios y combustibles. Asimismo, denunció el «congelamiento fáctico de los salarios», la agresión a universidades y jubilados, y la quita de medicamentos para enfermos terminales, alertando que la libre importación está «destruyendo el aparato industrial de nuestro país».
Las declaraciones se dan en medio de una escalada de tensión política tras la aprobación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, que profundizó el enfrentamiento con gobernadores, sindicatos y sectores del peronismo.
Por otra parte, el peronismo atraviesa un proceso de reordenamiento interno luego de la derrota electoral y el ascenso de la administración libertaria. En ese contexto, varios gobernadores y referentes partidarios comenzaron a plantear la necesidad de redefinir el rol del movimiento y fijar una postura más firme frente a las políticas del Gobierno, en un escenario marcado por la crisis económica, ajuste fiscal y la redefinición del vínculo entre Nación y provincias.