Manuel Adorni buscó convertir una decisión de televisación en una consigna política. En un tuit publicado este lunes 19 de enero de 2026, el vocero presidencial anunció que la Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán “todos los partidos de la Selección Argentina durante la Copa del Mundo 2026” y remarcó el encuadre que el Gobierno quiere instalar como marca: “Gracias a un acuerdo comercial, el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con el dinero de los impuestos”. Luego lo sintetizó con una consigna de época para la narrativa libertaria: “Para todos, sin usar la plata de todos”.
El anuncio no aparece en el vacío: llega como cierre —o, al menos, como intento de cierre— de una discusión que había escalado en agosto de 2025, cuando circuló con fuerza la versión de que el Estado no compraría los derechos del Mundial 2026 y que, por lo tanto, la TV Pública quedaría afuera de la transmisión. En ese momento, el propio Adorni había salido a desmentirlo en conferencia de prensa con una frase que buscó clausurar el tema por anticipado: “Han operado mediáticamente, pero es falso”. La línea era clara: el Gobierno no quería pagar el costo simbólico de quedar asociado a la idea de “quitar” el Mundial de la pantalla abierta.
La clave de fondo es que el Mundial no es solo un evento deportivo: es una caja de resonancia social y política. En Argentina, la Selección funciona como un ritual transversal que atraviesa ideologías, geografías y clases. Por eso la transmisión en medios públicos tiene una carga que excede la grilla: es acceso, conversación común y sensación de “evento nacional”, especialmente en un país donde la fragmentación del sistema de medios y la desigualdad de acceso a señales pagas hacen que la disponibilidad universal sea un punto sensible.
En ese marco, el corazón del anuncio es una frase: “acuerdo comercial”. El Gobierno dice que el costo de los derechos no será afrontado con dinero de impuestos, pero esa formulación abre preguntas inevitables. Un esquema comercial puede significar patrocinio, comercialización intensiva de tandas, alianzas con privados o canjes de inventario publicitario y capacidad de pantalla. En otras palabras: no pagar con impuestos no implica que no haya costo, sino que el costo se cubre con ingresos comerciales o se traslada a otra vía de financiamiento.
También hay un elemento político que no pasa desapercibido: la transmisión del Mundial se volvió un caso testigo para una idea más amplia que el oficialismo viene instalando desde el primer día. La propuesta es sencilla en su formulación —y potente en su impacto comunicacional—: mantener o ampliar servicios sin ampliar el gasto, sosteniendo que el Estado puede funcionar con lógica de mercado cuando el tema lo permite.
Con su tuit de enero de 2026, Adorni busca cerrar el círculo: primero desmintió la versión de que el Mundial no se vería por la TV Pública; ahora afirma que se verán todos los partidos de Argentina y, además, promete que será sin financiamiento fiscal. Pero en derechos deportivos, el “Fin.” rara vez termina la historia: lo que define el debate real siempre es la letra chica. Quién paga, qué recibe a cambio y cómo se garantiza que sea, efectivamente, para todos.
por R.N.
