La jueza de Nueva York Loretta Preska le exigió a la Argentina que presente la lista de bienes completos que se encuentran en el exterior, luego del fallo que obliga al país a US$ 16.100 millones a los fondos especulativos que reclaman por la estatización de la petrolera en 2012.
La decisión la tomó luego que el Gobierno solicitara diferenciar los bienes «comerciales» de los estratégicos, como los de Defensa, y limitar los requerimientos de discovery a activos potencialmente ejecutables. El pedido fue rechazado.
El discovery es una herramienta del derecho norteamericano que permite solicitar información para intentar localizar activos susceptibles de embargo.
La defensa local citó jurisprudencia relevante, como el precedente de la Corte Suprema en el caso NML Capital, que establece que solo puede ordenarse el discovery de activos potencialmente embargables, y que permitir solicitudes irrestrictas contradice ese criterio.
Ahora, la jueza norteamericana exige considerar la solicitud caso y ordena entregar la información respecto a la totalidad de los activos.
Además, sostuvo que una vez que cuente con la información, analizará los activos argentinos «embargables», y cuáles quedarían exentos.
Días artás, Preska ya había rechazado la moción de reconsideración presentada por la Argentina en el caso YPF, referida a los pedidos de discovery sobre dispositivos personales de funcionarios y ex funcionarios.
En su presentación, la Procuración General del Tesoro argumentó que esos requerimientos resultan contrarios tanto a la jurisprudencia de los Estados Unidos como a la legislación local, que resguarda los datos personales y las comunicaciones privadas.
A mediados de julio, Preska había ordenado al Estado argentino entregar correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y otras comunicaciones privadas de funcionarios, entre ellos el actual ministro de Economía, Luis Caputo, y su antecesor, Sergio Massa, además de integrantes de las gestiones de Javier Milei y Alberto Fernández.
El objetivo de los demandantes —los fondos Burford y Eton Park— es demostrar que empresas como YPF, el Banco Central, Aerolíneas Argentinas, Enarsa y el Banco Nación funcionan como “alter ego” del Estado argentino. De esa manera, podrían intentar embargar sus activos para ejecutar la sentencia por US$ 16.000 millones que pesa sobre la Argentina.