El 11 de septiembre se definirá cuánto dinero deberá devolver Cristina Kirchner al Estado Argentino. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal —Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos— comenzará la audiencia, escuchará a fiscalía y defensa y luego tendrá cinco días para resolver cuánto es el decomiso que deberá afrontar Cristina Fernández de Kirchner en Vialidad.
Los jueces podrán hacer preguntas breves. Intervendrá el fiscal Mario Villar y la defensa de Carlos Beraldi. El foco es el monto. El Tribunal Oral Federal N°2 fijó en 2022 un decomiso provisorio de $84.835.227.378 y lo sujetó a actualización cuando la condena quedara firme, hecho el 17 de junio de 2025. Con peritos de la Corte la cuenta subió a $684.990.350.139,86. La defensa impugnó la metodología y el uso del IPC. No niega el decomiso; discute el cálculo y el resultado.
En el juicio oral actuaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, que pidieron ejecución inmediata de los bienes de todos los condenados y rechazaron las objeciones además. En Casación expondrá Villar. Del otro lado, Alberto Beraldi y Ariel Llernovoy sostienen que el TOF2 confunde decomiso penal con reparación civil y que el debate por el quantum debe pasar al fuero civil y comercial. Cómo: el TOF2 —Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso— actualizó el monto y, aunque concedió el recurso, aclaró que eso no suspende la ejecución, con remate si se ordena.
Para Luciani y Mola el decomiso no es opcional; es una obligación derivada de la sentencia firme. La defensa: además de pedir la suspensión por falta de fondos, Cristina Kirchner cuestiona el índice de actualización y afirma que sólo le correspondería el 6% del total. También solicitó incorporar prueba sobre sus bienes y citar a Máximo y Florencia Kirchner. Pide individualizar responsabilidades.
Contexto: la ex presidenta cumple arresto domiciliario y fue intimada por el juez de ejecución, Gorini, a pagar en diez días hábiles, bajo apercibimiento de ejecutar bienes. La medida alcanzó a Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y otros. La defensa dice que sin una definición del monto y su método no deben avanzar embargos. Si Casación avala la cifra, la ejecución inmediata que pide la fiscalía avanza; si la retoca, todos vuelven a hacer números. Ahí lo central ya no es el discurso, es el número en la planilla.