El juez Sebastián Casanello y el fiscal Carlos Rívolo archivaron por inexistencia de delito una primera denuncia por un supuesto direccionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por contratos por 27 mil millones de pesos a favor de Droguería Suiza Argentino. En diciembre del año pasado, Rívolo determinó que fue “una licitación competitiva” y con precios de referencia, entre otras pruebas, informaron fuentes judiciales a Clarín.
Casanello es el mismo juez que ahora tiene la denuncia del abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, en base a la filtración de audios del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo. Pero ahora el fiscal, por sorteo, es Franco Picardi.
La primera denuncia fue por direccionamiento de una licitación y no por sobornos y no se puede reabrir, explicó una fuente de los tribunales de Comodoro Py.
En agosto del año pasado, Tomás Méndez en canal 9 de TV denunció el supuesto direccionamiento de «contratos» por 30 mil millones de pesos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a favor de esa droguería. En base a ello el abogado Alejandro Díaz Pascual hizo una presentación judicial que recayó ante el juez Casanello y el fiscal Rívolo, en nombre de la asociación civil en formación “Arco Social”. Méndez es un ex concejal aliado del kirchnerismo de Córdoba, difusor del Operativo Puf contra la causa de los Cuadernos de las Coimas y entrevistador de «Los Copitos» acusados por el intento de asesinato de la ex presidenta.
El abogado denunció presuntas irregularidades por omisión de procedimientos legales en la contratación realizada ANDIS con la droguería Suizo Argentina SA, propiedad de la familia Kovalivker, que según el escrito estaría vinculada con el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem y su primo y secretario de Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem.
Díaz Pascual señaló que la droguería Suizo Argentina SA, dueña de la plataforma ´FarmaOnline´ comercializaba los productos dietarios de Martín Menem de la marca ´Gentech´ y que el director de la ANDIS consultó “a su abogado sobre los riesgos legales de firmar expedientes irregulares con sobreprecios”. Preguntado por Luis Majul si conocía a los Kovalivker, Martín Menem dijo que por su negocio de Gentech «conozco a todo el mundo farmacéutico».
Según el relato del abogado denunciante, Spagnuolo “recibió presiones de Eduardo Menem para avanzar con la contratación y posteriormente fue citado por Martín Menem en la Cámara de Diputados, quién le explicitó la necesidad de la firma” del contrato.
Díaz Pascual manifestó que “son públicos los encuentros llevados adelante entre miembros de la familia Menem y la familia Kovalivker, en la zona de Nordelta, concretamente en el domicilio de Fernando ´Tato´ Menem, donde se habrían coordinado estas contrataciones”. “Tato” Menem, el menor de los hijos del ex senador Eduardo Menem no es funcionario.
En su pedido de archivo de diciembre de 2024, Rívolo sostuvo que tras la investigación “no se lograron corroborar las hipótesis delictivas planteadas en la denuncia”. “Así las cosas, no obstante las diversas medidas de prueba dispuestas, no fue posible verificar los extremos denunciados que generaron la formación de este proceso”, agregó.
Se trata de la causa n° 3462/24 “Menem Martín y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y otros”
El informe remitido por la ANDIS y la declaración de Nicolás Darío Mizrahi -asesor de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, que suscribió el documento “permitieron conocer acabadamente el procedimiento de compras “PACBI” SECCION MEDICAMENTOS (Prestaciones de Alto Costo y Baja Incidencia”.
Y así “descartar los extremos mencionados en la denuncia relacionados con un presunto direccionamiento a favor de la Droguería Suizo Argentina S.A”, agregó el fiscal.
Para graficar las compra, el fiscal citó “un listado de Pagos PACBI por beneficiario desde los años 2020 hasta el an o 2024 (calculado al 04 de julio de 2024, fecha en la que se emitió el referido programa televisivo), de la cual se desprenden los totales anuales de pagos, la cantidad pagada a cada proveedor, y el porcentaje pagado a cada beneficiario”.
La Suizo con el 19% de las compras
A modo de ejemplo, se hizo saber que en el año 2024 “se efectuaron pagos PACBI por un total de $ 78.949.223.791 y la Droguería Suizo Argentina S.A. ha recibido pagos por $ 15.118.052.371,10 que corresponde a un 19,14% del total” de las compras de la ANDIS.
“El restante 80.86% fue adjudicado entre 57 proveedores del rubro, entre los cuales se incluyen las firmas dedicadas a proveer prótesis, sillas de ruedas, elementos ortopédicos, etc”, aseguró el fiscal.
En otras palabras, “no se advierten elementos que permitan sustentar la sospecha de irregularidades en el proceso de adjudicación de provisiones a la referida firma”, afirmó Rívolo.
Del expediente “se desprende que en el procedimiento de compras aludido participan una serie de empresas dedicadas al rubro, previamente inscriptas en el organismo, que son invitadas a remitir a través del sistema SIPFIS las distintas cotizaciones de medicamentos y provisiones, según cada caso en particular”.
Asimismo,” para garantizar la transparencia e imparcialidad del proceso, la apertura de ofertas tiene fecha cierta y es simultánea respecto de todos los oferentes”.
Además, cuenta “con la participación y supervisión de distintas áreas de la Agencia Nacional de Discapacidad, cuyas intervenciones no evidenciaron anomalías ni desviaciones procedimentales”, agregó Rívolo.
Al mismo tiempo, de la documentación remitida “se desprende que el procedimiento es competitivo y que la Droguería Suizo Argentina S.A. no habría recibido trato diferencial. Es decir, no se incorporaron al legajo elementos que pudieran presumir maniobras tendientes a direccionar el proceso licitatorio en su favor”.
A la par, “contrariamente a lo que alude la denuncia, no se habría realizado en ningún momento una contratación directa con la mencionada droguería”, enfatizó.
Por su parte, según lo declarado por Nicolás Darío Mizrahi, la suma de $ 27.000.000.000 de la que se habló en el programa televisivo en el que “se compone de adjudicaciones a dicho proveedor y no de pagos efectivamente realizados”.
Tales pruebas, “llevan a afirmar que la sospecha aludida en la denuncia no ha logrado concretarse en la verosimilitud exigida en esta etapa del proceso, para tamizar provisionalmente una imputación concreta”, subrayó Rívolo.
Ante el pedido del fiscal, en febrero de este año Casanello sostuvo que “frente a la solicitud del acusador de archivar el sumario por considerar que no se puede proceder en la investigación o el hecho es atípico, la tarea del juez se encuentra acotada a examinar los requisitos de razonabilidad y legalidad de la petición”.
En el presente caso “se hallan satisfechos toda vez que el fiscal ha arribado a una de las soluciones previstas en el ordenamiento legal a través de un razonamiento lógico derivado del examen de las constancias que obran en el expediente”, finalizó Casanello al avalar el archivo.