Condenaron a prisión a tres ex autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán

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El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) de Tucumán dictó este martes condenas de hasta tres años y medio de prisión contra tres ex autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en el marco de una causa que investigó el uso irregular de fondos millonarios provenientes de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) entre 2006 y 2011.

Los jueces Ana Farías, Abelardo Basbús y Enrique Lilljedahl consideraron probada la existencia de “sobreprecios en la contratación de obra pública, la colocación irregular de dinero de la universidad en inversiones financieras y la renuncia arbitraria a las utilidades que le correspondían a la UNT de la empresa YMAD”.

El fallo coincidió con la acusación sostenida en el juicio por los fiscales Pablo Camuña y Agustín Chit, junto con la auxiliar fiscal Lucía Doz Costa, quienes impulsaron la responsabilidad penal de tres de los cuatro imputados.

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La pena más severa recayó sobre el ex rector Juan Cerisola, condenado a tres años y seis meses de prisión por incumplimiento de deberes de funcionario público y administración fraudulenta. En tanto, la ex directora general de Construcciones Universitarias, Olga Cudmani, recibió tres años y dos meses de cárcel como coautora de defraudación, mientras que el ex director de Inversiones y Contrataciones, Osvaldo Venturino, fue sentenciado a dos años de prisión en suspenso.

Los tres ex integrantes de la conducción de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) fueron además inhabilitados de manera perpetua para ejercer cargos en la función pública. En cambio, el ex subsecretario administrativo, Luis Sacca, fue absuelto al otorgársele el beneficio de la duda.

La causa

Según la elevación a juicio del fiscal Carlos Brito, entre 2006 y 2009 la UNT recibió fondos de YMAD destinados por ley a la construcción de la Ciudad Universitaria en las Sierras de San Javier, a 25 kilómetros de San Miguel de Tucumán. No obstante, esos recursos fueron desviados a un “sistema paralelo e ilegal” que financió otras obras y colocaciones financieras hechas sin aval de la Tesorería General de la Nación y en entidades no autorizadas por el Banco Central.

De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, los representantes de la acusación, Pablo Camuña, Agustín Chit y Lucía Doz Costa, estructuraron sus alegatos en tres ejes.

En primer lugar, subrayaron la “renuncia a los fondos de YMAD” decidida por el ex rector Juan Cerisola, quien dio por finalizada la construcción de la Ciudad Universitaria sin plan de obra, ni justificación técnica, ni intervención del Consejo Superior. Esa determinación, señalaron, privó a la UNT del 40% de las utilidades de la minera, una pérdida que estimaron en más de 64 mil millones de pesos actuales.

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El segundo bloque estuvo enfocado en las contrataciones con fondos de YMAD, donde se detectaron sobreprecios, adjudicaciones direccionadas y violaciones a la normativa vigente.

El tercer punto abordó las inversiones financieras irregulares, definidas como un mecanismo “caracterizado por su opacidad, falta de controles y de transparencia y sujeto a una total discrecionalidad”. Como ejemplos, se citaron plazos fijos por 15 millones de pesos en el Banco Servicios y Transacciones, otros 18 millones en el Banco Piano y fideicomisos en la financiera Equity Trust por más de 67 millones.

La reparación de daños al Estado

En su resolución final, el tribunal no solo impuso penas de prisión, sino que también estableció la obligación de reparar los daños ocasionados al Estado. En ese sentido, ordenó que Juan Cerisola y Olga Cudmani paguen en forma solidaria la suma de 39.277.376 pesos, monto que deberá actualizarse según el índice de precios al consumidor a partir del 30 de octubre de 2012, fecha fijada como inicio de la mora, tras la entrega de la última obra investigada, hasta el momento de su cancelación total.

Asimismo, dispuso que Cudmani y Osvaldo Venturino respondan solidariamente por 717.000,66 pesos, correspondientes a una readecuación económico-financiera vinculada a una de las obras analizadas en el juicio. Ese importe también será actualizado desde el 22 de diciembre de 2011 hasta su efectivo pago.

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