La mega causa contra el exjuez federal de Mendoza, Walter Bento, suma esta viernes un capítulo más en su trama de personajes vinculados al contrabando y el narcotráfico.
En las últimas horas, se supo de la muerte de Javier Santos Ortega, uno de los acusados que había reconocido haber pagado coimas a cambio de favores procesales. Esa era la principal acusación, junto al enriquecimiento ilícito, que llevó a prisión al ex magistrado después de ser destituido por el Consejo de la Magistratura, el 8 de noviembre de 2023.
La muerte de Santos Ortega, según el diario El Sol, ocurrió en el interior de su vivienda en Guaymallén, donde el acusado fue hallado con una soga al cuello, atada al techo.
Los peritos policiales encontraron pastillas, comida y una Biblia abierta sobre la mesa y si bien se presume que habría decidido quitarse la vida ahorcándose con la soga, fuentes policiales señalaron que todo sigue bajo investigación de la justicia.
Luego de reconocer que había pagado coimas a la red de abogados y despachantes de aduana ligados a Bento para permanecer en libertad, Santos Ortega fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión, en un juicio abreviado.
También declaró que había vendido un departamento en la Ciudad de Mendoza por 180.000 dólares al esposo de María Carolina Bartolini, entonces funcionaria del Juzgado Federal de Bento y en el mismo momento en que se tramitaba su causa por contrabando agravado.
En los últimos meses, la defensa de Santos Ortega había solicitado la prisión domiciliaria pero tuvo un fallo adverso de la Cámara Federal que le negó ese beneficio y el condenado debía volver a prisión.
El caso Bento
El Tribunal Oral Federal lo juzga a Walter Bento por 15 causas de asociación ilícita, abuso de autoridad y enriquecimiento mediante coimas. Desde noviembre de 2023 está preso.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación resolvió, por mayoría, con la disidencia de su Presidente, la remoción de Bento, entonces titular del Juzgado Federal 1 de Mendoza, por la causal de mal desempeño prevista en la Constitución Nacional.
En reiteradas ocasiones la defensa de Bento ha presentado pedidos de prisión domiciliaria con un argumento similar: el cuidado de su hijo menor Facundo, que tiene una discapacidad. Sin embargo, todas las veces le fue denegado y continúa detenido en el penal federal de Cacheuta, Luján de Cuyo.
La investigación comenzó a instruirse en marzo de 2020, a partir de dos hechos concretos: los datos que aparecieron en el teléfono de Walter Bardinella Donoso, acusado de narcotráfico, y las declaraciones de Diego Barrera, condenado por el secuestro y homicidio del empresario y despachante de Aduana Diego Aliaga, vecino del juez y quien hacía negociados a nombre de Bento.
La Fiscalía sostiene que los abogados se reunían con Aliaga o hablaban en forma permanente con este lobbista, “quien les daba instrucciones bajo la dirección del juez”, al que califican en la investigación como “el jefe de la banda y el número 1” de la organización delictiva.
Una de las pruebas que más comprometen al juez Bento es la relación con Diego Aliaga. Según la acusación, hubo 265 llamadas, en un lapso de 8 meses, entre el ex despachante y un teléfono que estaba agendado con el nombre de “primo”.
Al constatar la Fiscalía general quién era el propietario del ese número de teléfono, descubren que era el teléfono oficial de Bento. Hasta el momento, el juez se ha negado de entregar su teléfono porque, según había argumentado su anterior abogado, el ahora ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, “nadie está obligado a aportar pruebas en su contra”.
Hace poco más de un mes, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal que integran Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky declaró inadmisibles unos recursos extraordinarios presentados por la defensa actual de Bento y su esposa Marta Boiza con lo cual el juicio por aparente asociación ilícita puede seguir adelante sin separar a la mujer del ex juez del caso.
Ese proceso estaba pendiente, en etapa de alegatos ante el Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza en un juicio que había comenzado en julio de 2023 y con más de 300 testigos citados a declarar.
Mendoza. Corresponsal