La Justicia Federal suspendió los cortes de agua y cloaca por facturas impagas. A través de una medida cautelar, se dispuso la suspensión de los cortes del servicio en caso de mora, que había sido habilitada por el Gobierno nacional mediante un decreto que modificaba 100 artículos del marco regulatorio de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA). De esta manera se allanaba el camino hacia la privatización de la compañía, otorgando mejores condiciones al capital privado en contra de los usuarios. La semana pasada, Unión de Usuarios y Consumidores, junto con Consumidores Libres, presentaron una demanda ante el Juzgado Federal N° 2 de San Martín.
La medida cautelar fue firmada por la jueza Martina Forns de la Justicia Federal de San Martín y tiene vigencia por seis meses con «efecto devolutivo» (que significa que se aplica aunque sea apelada por el Gobierno). La demanda presentada por las entidades de defensa de los usuarios y consumidores se cursó ante el Juzgado Civil y Comercial y Contencioso Administrativo Número 2, que alcanza a 8 millones de ciudadanos de localidades como La Matanza, Morón, Ituzaingó, Hurlingham, 3 de Febrero y Vicente López. Es significativo, teniendo en cuenta que la cobertura de AySA en el área metropolitana de Buenos Aires abarca a 12 millones de personas.
La cautelar declara la “nulidad absoluta e inconstitucionalidad” del Decreto 493/2025 en tanto sus disposiciones “imponen a los usuarios de los servicios de agua y desagües cloacales una regresión normativa que afecta al medio ambiente en general y en forma directa a la vida, salud y seguridad de los usuarios”.
El agua es un servicio esencial para la vida humana, al igual que la provisión de redes de desagüe y sistemas de tratamiento de efluentes que resulta fundamental para el saneamiento básico. Por esta razón el marco regulatorio original de AySA no contempla ejecutar las deudas de quienes tienen saldos impagos. Pero esta disposición –junto con otros 100 artículos- fue modificada por decreto luego de se anunciara la intención de privatizar la compañía. Según esa normativa, el régimen actual “fue diseñado para una empresa estatal y dificulta la inclusión de nuevas inversiones privadas necesarias para mejorar eficiencia, sostenibilidad y cobertura”.
El Ejecutivo está habilitado a tomar este tipo de acciones regulatorias por decreto –sin un tratamiento legislativo- a raíz de la emergencia pública dictada por la Ley Bases, vigente hasta fines de 2025.
“Los cortes de cualquier servicio público son muy crueles, pero en el caso de agua y cloacas se pasan de la raya”, señala el abogado Horacio Bersten, demandante en representación de la Unión de Usuarios y Consumidores. Las personas “alcanzadas por esta grotesca y medieval medida se verían obligados a convivir literalmente, aunque pueda sonar duro o grosero, con la mierda”, argumenta en el escrito, según las acepciones incluidas en el diccionario de la Real Academia Española, a saber: excremento, heces, deposición, inmundicia, suciedad.
En el caso de la cloaca, además, para la empresa resulta más barato permitir que los desagües domésticos sigan fluyendo naturalmente por gravedad por los ductos que intervenir para cortarlos. Ya que cortar requiere que una cuadrilla concurra al domicilio y realice costosos trabajos como romper veredas y taponar caños. De modo que el corte del suministro es solo una instancia de disciplinamiento, concluye Bersten.
El letrado recuerda que desde la Unión de Usuarios y Consumidores consiguieron en los años noventa, cuando la ex Obras Sanitarias fue privatizada, otras intervenciones que lograron levantar los cortes de suministro en situaciones límites. Pero también hubo el caso de una enferma terminal no se llegó a tiempo. “Se trata de amparar los derechos de los menores, de los adultos mayores, de las personas con discapacidad y de los hipervulnerables”, insiste Bersten en diálogo con Página 12.
Claudio Boada, titular de la misma entidad, menciona que –amparada en el marco regulatorio vigente desde que volvió a manos estatales- AySA ofrecía planes de pagos muy convenientes para que las familias en mora pudieran regularizar su situación. Estaban pensados especialmente para la población más vulnerable.
“En las oficinas de AySA se proporcionaban planes de pago muy accesibles para las familias, que en el caso de quienes tienen tarifa social permitían una fuerte quita de deuda”, comenta Boada. Pero el gobierno de Javier Milei procedió al cierre de las oficinas de AySA en el conurbano bonaerense y dispuso el reemplazo por la atención virtual.
Desde el oficialismo se insiste en que la gestión privada mejorará la eficiencia del servicio, a diferencia de la provisión estatal, que se considera deficiente. Pero la evidencia histórica, y especialmente en el caso de AySA, muestra lo contrario. Durante la gestión privada, entre 1993 y 2006, la ex Aguas Argentinas incumplió sus promesas de inversión: ejecutó solo la mitad de las inversiones comprometidos en una década y priorizó zonas rentables, dejando estancada la cobertura en barrios populares. Las tarifas subieron un 88% real y la calidad del agua registró episodios de contaminación, mientras la cobertura de cloacas apenas creció del 53 al 62 por ciento, según información recopilada por el Instituto Argentina Grande (IAG).
Cabe mencionar que la posibilidad de efectuar el corte del servicio en caso de mora estaba prohíbida inclusive en la década del noventa. El acceso al agua potable, alcantarillado y tratamiento de efluentes es un derecho esencial para la vida de las personas, no un servicio prescindible que pueda interrumpirse cada vez que alguien no pueda afrontar el pago. En representación de Consumidores Libres, el abogado Ariel Caplan sostiene que “se trata de una medida tan básica, de cubrir derechos tan elementales, que resulta realmente increíble que se tenga que demandar judicialmente”.
“El derecho a la vida no es solamente el derecho a sobrevivir sino el derecho a una vida digna, amparada por los tratados internacionales de derechos humanos incorporados a nuestra Constitución Nacional”, agrega.