El interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Osvaldo Rolando, le presentó este miércoles su renuncia al secretario Coordinador de Energía y Minería, Daniel González Casartelli, y a la secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti.
Rolando se irá el 1 de agosto, después de conducir el proceso de Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) de los contratos de concesión de Edenor, Edesur, Transener y otras transportistas, que finalizó con un aumento de tarifas y el compromiso de las empresas de destinar inversiones por miles de millones de dólares en los próximos 5 años para mejorar la calidad del servicio y reducir los cortes de luz.
El ENRE se unificará a fin de año o a principios de 2026 con el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), según lo estableció el Gobierno en el decreto 452/2025, que abrió la puerta a la creación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE). La intención oficial es seguir reduciendo el empleo público en estos organismos.
Renuncia en el ENRE
«La renuncia obedece exclusivamente a motivos de índole personal«, aclaró Rolando en su carta de despedida. Antes de ser funcionario de Javier Milei, Rolando había sido subsecretario de Generación Térmica, Transporte y Energía Eléctrica durante los primeros años del gobierno de Mauricio Macri y había sonado incluso como secretario de Energía a mediados de 2024.
Rolando se había desempeñado previamente como director en la Empresa de Energía de Río Negro (Edersa), que pertenece a la familia Neuss, de muy buena relación con Santiago Caputo.
Se trata del segundo interventor del ENRE que pasa por esta gestión, ya que en los primeros meses de gobierno desempeñó ese cargo Darío Arrué, mientras Eduardo Rodríguez Chirillo era secretario de Energía.
Quienes conocen el sector mencionan que una alternativa para conducir el ENRE hasta su unificación con el Enargas es Néstor Lamboglia, que es la mano derecha de Rolando en el ente.
La revisión de tarifas
La tarea más grande que tuvo el interventor del ENRE en sus 9 meses de gestión fue la revisión de tarifas.
Allí, el Gobierno determinó que las distribuidoras Edenor y Edesur tuvieran un aumento de sus márgenes de 14,35% y 15,69%, respectivamente, dividido en 31 cuotas mensuales consecutivas hasta noviembre de 2027.
Además, se decidió que las tarifas de luz -así como las de gas- tendrán subas cada mes hasta abril de 2030 vinculadas a la inflación pasada, para dejar constante la remuneración de las prestadoras de servicios públicos.
La tasa de rentabilidad aprobada fue de 6,50% después de impuestos o de 9,99% antes de impuestos, que las compañías cuestionaron por entender que no reflejan el riesgo de operar en el país, teniendo en cuenta la tasa libre de riesgo de los Estados Unidos, más el riesgo país argentino.
A cambio de esta «normalización» en sus contratos de concesión, con la previsibilidad de un flujo de ingresos garantizado hasta 2030, Edenor y Edesur en su conjunto destinarán unos 2.100 millones de dólares en inversiones, con el objetivo de bajar un 40% en promedio la duración y frecuencia de los cortes de luz. Si no cumplieran con esa meta, tendrán sanciones.