El poderoso partido de centroizquierda mexicano, Morena, con años de mayorías absolutas en el Congreso, impulsó la elección de jueces por voto popular, sustituyendo los concursos internos y el mérito. El expresidente Manuel López Obrador, mentor de la actual presidenta Claudia Sheinbaum, había aprobado esta reforma en 2024, un proceso que despertó válidos recelos sobre la pérdida de independencia de la Justicia y sobre el poder que el crimen organizado adquirirá para influir sobre los tribunales.
Con el único requisito de ser abogado, se postularon a los comicios del domingo último para cubrir 2682 cargos federales y locales, entre ellos los de nueve ministros de la Corte de Justicia, más de 7700 candidatos, muchos con jugosos prontuarios.
Antes que dotar de mayor legitimidad y prestigio a la designación de los jueces por voto popular, la cuestionada Justicia de México ha quedado definitivamente deslegitimada luego del escrutinio: apenas el 13% de los 130 millones de habitantes acudieron a votar.
El naciente Poder Judicial no contará con el mínimo apoyo requerido, pues los votantes optaron mayoritariamente por no prestarse a la farsa.
Si el objetivo declarado por López Obrador era limpiar de corruptos al Poder Judicial volviéndolo más popular, el resultado no puede ser más opuesto. El mecanismo politiza indefectiblemente a quienes participan obligándolos a hacer campaña. Esta sola circunstancia ya menoscaba la investidura.
El Poder Judicial independiente de los otros dos poderes es la genial y original creación de la Constitución de los Estados Unidos que elevó a la Justicia dotándola de una independencia afirmada en designaciones vitalicias, lo que evita cualquier intento de sincronización en la elección de los poderes del Estado republicano.
Los anteriores 11 ministros de la Corte Suprema de México se habían reducido a nueve, con un oficialismo que pudo imponer a tres con los que logró una mayoría propia. Ahora la presidenta Sheinbaum y la coalición oficialista se aseguran una Corte afín además de la mayoría en el Poder Legislativo. Pasa así a controlar los tres poderes, disfrazándose de “dictadura legal” perfecta y fulminando los controles republicanos que aquella sabia Constitución preveía. Si se sincronizan las elecciones de los tres poderes se eliminan los llamados check and balances, esto es, el control entre los poderes, principal virtud del sistema republicano.
Como era de prever, la presidenta dijo estar satisfecha con el resultado de la elección, con lo que simula no escuchar el claro mensaje de la ciudadanía. Politización de la magistratura, investiduras menoscabadas y candidaturas manipuladas integran un peligroso cóctel que convierte al Poder Judicial mexicano en mero espejo de los otros para peligroso robustecimiento del partido gobernante, que controla todo en detrimento de la democracia.