Marcelo Bailaque, juez federal con competencia en Rosario, presentó su renuncia ante el Ministerio de Justicia de la Nación, cuando se encontraba formalmente imputado en tres causas por corrupción institucional. En su nota oficial, fijó como fecha de salida del cargo el próximo 1 de julio.
La renuncia, si fuera aceptada por el Poder Ejecutivo, implicará la interrupción inmediata del proceso disciplinario en el Consejo de la Magistratura, donde se evaluaban pedidos de remoción por parte de legisladores y funcionarios judiciales. La causa quedará en estado de “abstracto”, es decir, sin materia para continuar.
La decisión también dejaría en vigor la resolución que confirmó hace dos semanas la prisión domiciliaria por 90 días y un embargo de hasta $600 millones sobre sus bienes, tal como dictó la Cámara Federal de Rosario.
La carrera del juez
El magistrado, que inició su trayectoria en el fuero federal en Santa Cruz, asumió como juez de instrucción en Rosario en 2008. Desde hace un año y medio enfrentaba un procedimiento disciplinario ante el Consejo, organismo al que debía comparecer el martes 17 de junio a las 10 de la mañana para presentar su descargo.
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La Comisión de Acusación, liderada por Luis Juez, había considerado a fines de mayo que los cargos eran suficientes para solicitar su destitución por mal desempeño.
Hasta esta semana, Bailaque mantuvo funciones activas como juez de garantías. Luego formalizó su renuncia mediante una nota enviada al ministro Mariano Cúneo Libarona, titular de la cartera de Justicia.
Las acusaciones contra Marcelo Bailiques
El juez está imputado en tres expedientes judiciales distintos. En la primera causa, el fiscal federal Matías Scilabra lo acusó de omitir deliberadamente tres medidas solicitadas en 2013 contra Esteban Alvarado, condenado por narcotráfico recién en 2022.
Lo llamativo del caso es que el contador de Bailaque, Gabriel Mizzau, era amigo personal y había sido compañero de colegio del magistrado, además de integrar el equipo contable de dos empresas vinculadas al grupo de Alvarado.
La segunda causa involucra al exdirector de la AFIP Rosario, Carlos Vaudagna, y al financista Fernando Whpei. Según los fiscales de Procelac, Juan Argibay Molina y Diego Velasco, entre los tres fabricaron una causa basada en un anónimo genérico contra los empresarios bursátiles Claudio Iglesias y Jorge Oneto, con el fin de extorsionarlos económicamente a cambio de cesar las investigaciones.
El tercer hecho atribuido a Bailaque ocurrió en 2021, cuando resolvió transferir $1.000 millones de pesos a la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, parte del grupo financiero Unión, dirigido por Guillermo y Fernando Whpei.
Ese dinero, perteneciente a la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto San Martín, estaba inmovilizado por una causa de lavado de activos. La decisión del juez rompió con el procedimiento habitual, ya que lo común es que los fondos bajo litigio queden en custodia judicial o de entidades oficiales.
Según testimonios incorporados al expediente, Fernando Whpei habría dicho a socios enfrentados con la conducción de la cooperativa que Bailaque era su amigo y que colocar el dinero en la mutual generaría mayores intereses. Este caso es impulsado por el fiscal federal Federico Reynares Solari.
Los delitos que se le atribuyen al juez rosarino incluyen extorsión, concusión, prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público y allanamiento ilegal. La figura de extorsión, por sí sola, contempla una pena mínima de cinco años de prisión, lo que impide que sea excarcelable.
En los descargos que presentó durante el proceso judicial, a cargo en primera instancia del juez federal Eduardo Rodrigues Da Cruz, Bailaque manifestó con énfasis que era inocente de todas las acusaciones.