Tras la orden del Tribunal Oral Federal N°4 de detener a seis personas condenadas en la causa conocida como “La ruta del dinero K”, Fabián Rossi, condenado a cuatro años y seis meses de prisión, fue el primero en entregarse en los tribunales federales de Comodoro Py, donde quedó bajo custodia policial.
Durante la mañana, también se presentaron en el edificio judicial de Comodoro Py 2002 César Fernández, condenado a cuatro años y seis meses, Carlos Molinari, a tres años y seis meses, Eduardo Castro, a cuatro años y seis meses, y Juan Alberto de Rasis, cuatro años y seis meses, quienes también quedaron detenidos.
Por su parte, Julio Mendoza, sentenciado a cinco años de prisión, informó que se encuentra internado desde el viernes pasado debido a una descompensación de salud.
Todos los detenidos serán alojados en la alcaidía de la Policía Federal ubicada en Madariaga, en el barrio porteño de Villa Lugano, donde se les practicarán los controles médicos correspondientes.
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Cuatro de los seis condenados solicitaron cumplir sus penas bajo la modalidad de arresto domiciliario, aunque esa decisión se definirá entre esta semana y la próxima. Mientras tanto, permanecerán detenidos en la sede de la Policía Federal.
A cada uno se le realizará el cómputo correspondiente para determinar cuánto tiempo de prisión les resta, descontando los días que ya pasaron detenidos al inicio de la causa. En el caso de Fabián Rossi, por ejemplo, no registra días previos de detención.
Rossi, exapoderado de la financiera S.G.I., quien cobró notoriedad pública por ser entonces el esposo de Iliana Calabró, se presentó en los tribunales para formalizar los trámites de su detención. Luego será trasladado a la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA).
Según fuentes judiciales, algunos de los condenados superan los 70 años, lo que motivó las presentaciones para solicitar el cumplimiento de la pena en sus respectivos domicilios.
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Las detenciones fueron ordenadas por el juez Néstor Costabel, en concordancia con el requerimiento del fiscal del juicio, Abel Córdoba, luego de que la Corte Suprema dejara firmes las condenas, incluida la de Lázaro Báez.
La causa
La causa investigó y juzgó una compleja estructura de operaciones bancarias y financieras destinadas al lavado de aproximadamente 60 millones de dólares, fondos que tenían su origen en maniobras de evasión impositiva y facturación apócrifa, realizadas entre los años 2010 y 2013.
La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a 10 años de prisión para el empresario Lázaro Báez, quien había sido beneficiado con contratos de obra pública en la provincia de Santa Cruz durante las gestiones kirchneristas, hechos que también fueron abordados en la causa conocida como “Vialidad”. Asimismo, el máximo tribunal dejó firme la pena impuesta a su hijo Martín Báez, quien recibió una condena de seis años y medio de prisión.