El Gobierno implementó una reforma migratoria a través del Decreto 366/2025, publicado en el Boletín Oficial. La medida endurece los criterios para la residencia de extranjeros, facilita los procesos de deportación y establece nuevas condiciones para el acceso a la salud y la educación en el país.
Uno de los cambios más significativos en la reforma migratoria es la redefinición de las categorías de residencia. Ahora, los extranjeros que soliciten admisión deberán presentar una declaración jurada manifestando el propósito de su ingreso y asegurando que cuentan con un seguro de salud para atender sus necesidades médicas.
Además, se endurecen las condiciones para obtener la ciudadanía por naturalización. Se mantiene el requisito de acreditar dos años de residencia continua y legal, pero con una nueva definición más estricta: se considerará que un extranjero residió continuamente solo si no realizó ninguna salida al exterior durante ese período.
También se crea la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, dependiente del Ministerio de Economía, que gestionará programas para atraer extranjeros que contribuyan al crecimiento del país mediante inversiones relevantes.
El decreto facilita el régimen de deportación de extranjeros que cometan delitos en Argentina. Se refuerzan los controles sobre la documentación presentada por los inmigrantes, exigiendo que sea auténtica y veraz, y se endurecen las sanciones para quienes ingresen de manera irregular o presenten documentos falsos.
Además, se establecen mayores controles en las fronteras para evitar el ingreso de personas que puedan representar un riesgo para la seguridad pública. El acceso a la salud pública también se modifica.
Igualdad de condiciones
Los residentes permanentes podrán acceder al sistema de salud en igualdad de condiciones que los ciudadanos argentinos, pero en los establecimientos administrados por el Estado solo se brindará atención médica contra la presentación de un seguro de salud o la previa cancelación del servicio.
En cuanto a la educación, los extranjeros con residencia temporaria podrán acceder a la educación inicial, primaria y secundaria, incluso si su condición migratoria es irregular. Sin embargo, las universidades públicas podrán establecer retribuciones para los estudiantes extranjeros que no tengan residencia permanente.
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