Este jueves, Córdoba se sumó con fuerza a una jornada nacional de paro y movilizaciones convocada en defensa de los derechos de las personas con discapacidad y de quienes trabajan en este ámbito. La protesta, que tuvo como epicentro la puerta del Congreso de la Nación en Buenos Aires, se replicó en al menos once provincias. En Córdoba, la concentración principal fue en Plaza San Martín, aunque también hubo adhesiones en distintas localidades del interior provincial.
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Las organizaciones participantes —entre ellas, fundaciones, ONGs, familiares, centros de día y hogares— reclamaron la sanción urgente de una Ley de Emergencia en Discapacidad. La iniciativa busca dar respuesta al desfinanciamiento crónico que atraviesa el sector, agravado por la quita de más de 200 mil pensiones no contributivas y el incumplimiento del 4% de cupo laboral establecido por ley para personas con discapacidad.
Uno de los puntos centrales de la demanda es la actualización del presupuesto destinado a las prestaciones, que no se ha modificado desde 2024 pese a la inflación. Prestadores de servicios, transportistas, acompañantes terapéuticos y trabajadores de talleres protegidos —estos últimos con sueldos congelados en 28 mil pesos desde febrero de 2023— alertan sobre una situación económica insostenible.
Además, los manifestantes denunciaron severas demoras en los pagos por parte de las obras sociales, con plazos que llegan hasta los 120 días, lo que deteriora aún más el poder adquisitivo del sector. En Córdoba, el problema también se refleja en la falta de cumplimiento de los pagos por parte de Apross, que mantiene deudas con varios prestadores locales.
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Otro foco de preocupación es la falta de certezas respecto a la continuidad de las coberturas en 2025. Se exige a las obras sociales garantizar la planificación y financiación necesarias para que las personas con discapacidad no queden sin atención médica ni servicios básicos.
La crisis golpea con especial dureza a hogares y centros de día, donde la falta de actualización de aranceles compromete el pago de salarios, la compra de insumos y el desarrollo de actividades fundamentales para quienes asisten a estos espacios.